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El Colegio de Geógrafos y Geógrafas de la Región de Valparaíso, se une a diversas organizaciones gremiales, universitarias y de migrantes que han repudiado los hechos ocurridos los últimos días en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, donde el fin de semana se exacerbaron las acciones violentas, xenófobas y aporofobia por un grupo organizado de la población que atentó contra familias migrantes.

Desde hace unos años hemos visto como Chile se ha transformado en un lugar de destino atractivo para la población migrante de América del Sur, un panorama que hace una década no tenía tal intensidad, y principalmente estaba acotada a países fronterizos. Si bien, antes de la pandemia ya existía una política migratoria hostil y efectista en términos comunicacionales, la coyuntura sanitaria actual asociada al COVID19 y los problemas económicos y políticos de los países de América del Sur, ha incidido en un aumento de la población migrante que intenta acceder a Chile por el norte. Sin embargo, el cierre de fronteras ha incidido en un aumento de las aglomeraciones y de personas varadas en los pasos fronterizos, que han decidido muchas veces entrar al país por lugares no autorizados, dadas las restricciones a la libre circulación, que los lleva a exponer sus vidas al transitar por territorios áridos y despoblados por largo tiempo.

Desde el inicio de esta travesía, en sus países de origen, se exponen a diversos tipos de vulnerabilidades, como las provocadas por la crisis sanitaria, y ahora también son víctimas de ataques, como los ocurridos en Iquique, donde los migrantes experimentaron una inusitada violencia, racismo, aporofobia y xenofobia, además de discriminaciones entrecruzadas derivadas del origen nacional, las desigualdades de género y el ciclo vital, donde se violaron sus derechos humanos básicos, y en particular los derechos de las mujeres, así como los de niños y las niñas que están más expuesto.

En las localidades fronterizas, o en ciudades más pequeñas del norte del país, se puede observar un mayor impacto en términos cuantitativos, ya que la población migrante puede ser mayor a la que vive en dichas localidades, como lo que está ocurriendo en Colchane, o bien se ubican en áreas de la ciudad no habilitadas para ello, como la situación de las familias migrantes acampando en el centro de Iquique, en condiciones de insalubridad e inseguridad. Sin embargo, estas situaciones no son un justificativo para criminalizar la migración, las detenciones y deportaciones de migrantes irregulares, ni menos instrumentalizar la pandemia para atribuir una proporción mayor de los contagios a las comunidades migrantes. El gobierno chileno debe hacerse cargo de esta situación desde una perspectiva de derecho y eso, hasta ahora, no lo vemos en los distintos territorios donde ha ocurrido.

Tal como se ha planteado en instancias internacionales, el contexto de la inmigración internacional en Chile plantea desafíos específicos en cuanto a la gobernanza de la migración. Es urgente resolver la situación humanitaria, social y económica que afecta a los migrantes, particularmente de las mujeres, niños y niñas. El Estado debe generar estrategias para mejorar los aspectos sanitarios, de habitabilidad y laborales de manera universal, así los que están en una situación irregular puedan acceder a estos.

Los desafíos no son solo a nivel central, sino que también a escala local, y es ahí donde los municipios juegan un rol fundamental para crear y fortalecer la institucionalidad necesaria para ejecutar planes, programas y proyectos orientados a la atención e inclusión de la población migrante. Un ejemplo claro es lo que ocurre en los territorios del norte del país, donde el problema es bidireccional, por una parte los migrantes están en un total abandono respecto a los sistemas de protección social de parte del estado, y por otra, la población que habita permanentemente ve afectadas su calidad de vida por esta mala o nula gestión migratoria, intentando apoyar en la mayoría de los casos a los migrantes sin contar con recursos ni apoyo de las autoridades.

Migrar es un derecho. Ningún migrante es ilegal.

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